Paisajismo epidérmico vs. Demandas sociales: La inclusión sin garantías.

Un discurso un poco contradictorio.

El proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, bastante novedoso para esta ciudad, está vislumbrando las particularidades locales de una economía política urbana mundial, que pretende estimular procesos de crecimiento económico a partir de ciertas herramientas de gestión público privada y de grandes proyectos donde se localizan y especializan centros de actividad institucional y comercial. En este sentido, se hace necesario ver las lógicas concretas que están en la base de su accionar, ya que si bien plantean beneficios generalizados, también genera dinámicas excluyentes. El concepto de “destrucción creativa” propuesto por Neil Brenner (2009)expresa la manera en que las ciudades se presentan como un escenario de implementación de ciertas políticas neoliberales que se funden con el contexto local administrativo, en miras de acceder a las redes globales de producción. Esto implica la experimentación de modelos de desregulación tributaria en algunas zonas, como lo es en este caso el centro, para poder hacerlas más atractivas en términos de inversión. La dinámica destructiva y creativa parece una perspectiva interesante a tener en cuenta, en la medida en que opera a partir de tres momentos en los que se puede ubicar el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso. La búsqueda de legitimar este proyecto se puede entender a partir de un mecanismo específico de urbanización neoliberal, como es el caso de la re-representación de la ciudad, en la cual el momento destructivo pasa por el uso de “discursos performativos sobre desorden urbano, ‘clases peligrosas’ y declinación de la economía”. En este caso, los videos institucionales muestran que en el centro la economía tiende a caer como consecuencia de la “depresión” social. Por otra parte, el momento creativo se vislumbra con la implementación de “discursos ‘empresariales’ y representaciones enfocadas en la revitalización y rejuvenecimiento de las ciudades, y la reinversión en ellas”. En este sentido, Ciudad Paraíso puede verse a la luz de esta dinámica concreta, ya que parece privilegiar estos momentos de destrucción creativa en su elaboración discursiva y propagandística.

Uno de los mayores retos de estos proyectos de gran envergadura, es que la transformación empiece por lo social. Pero este requisito es asumido parcialmente en el sentido de que la ciudadanía debe transformar su mentalidad para abrazar con sentido de pertenencia este proyecto de ciudad. Por esto, aunque haga mención de la dimensión social, ésta no es claramente definida, sino que parece ser suplida con la alusión a la inclusión de manera generalizada y por lo tanto aún no se sabe qué va a pasar con las personas que siguen habitando el sector y que resienten las incongruencias de un discurso que no parece responder a aquello que genera zozobra y dudas. Si partimos de que la ciudad debe modernizarse comenzando por el centro, y que muchas de las personas que residen y/o trabajan allí están de acuerdo con esto, el carácter participativo y concertado que dice tener el proceso, aún no parece establecer una claridad frente a los retos que se avecinan.

Francisco Fernández, Carlos Córoba y Roberto Alimentato hablan acerca de la actitud del gerente interventor de la Emru, Yecid frente a las viviendas

El discurso versado sobre lo público y sobre un beneficio colectivo, tiende a operar como una distorsión de algunos de sus efectos reales y trata de promocionar un proyecto como la mejor opción para la inversión. Su lógica es empresarial en la medida en que la EMRU busca las mejores formas para concretarlo, es una entidad que gestiona el suelo para la inversión privada.

Sin embargo surge una pregunta que pone en tela de juicio el significado subyace a la legitimación de Ciudad Paraíso. ¿Puede una instancia como la EMRU, garantizar los retos que exige este tipo de proyectos, más allá de una gestión del suelo, es decir, lograr una verdadera inclusión y dignificación de quienes se ven obligados a marcharse para abrirle paso a la renovación?

El Arquitecto Argoty, del proyecto de renovación urbana, menciona la dificultad que representa asumir la parte social y cuánto cuésta resocializar a la gente.

Como lo dice el arquitecto de la EMRU Carlos Andrés Argoty, el problema del centro rebasa las capacidades del proyecto ya que es un problema histórico de la sociedad caleña. Entonces podemos decir con certeza que el problema del centro es de todos, pues hace parte de la ciudad. Tal vez es cierto que una empresa de este tipo no puede pretender operar como un garante social para los retos propuestos. Además, la resocialización de una población considerada como vulnerable es muy costosa. Pero entonces, ¿para qué subrayar la parte social en perfecta congruencia y articulación con un proyecto de fortalecimiento económico?

Es aquí donde se evidencia la lógica del discurso que acompaña este accionar: La legitimación social del proyecto pasa necesariamente por su difusión como algo que pueda ser deseable para todos y es por esto que se explaya en la parte pública y en el beneficio social. Al hacerlo, está hermanando dos aspectos muy diferentes, incluso contradictorios; a saber, la competitividad y la inclusión. Por un lado, la competitividad expresa sus verdaderos objetivos como la reactivación económica y el aumento de la productividad en el centro y es coherente con lo que propone el proyecto; pero por otro lado, ¿Acaso la problemática social es colmada bajo la bandera de la inclusión? ¿Qué tipo de inclusión surge cuando aquellos que están en situaciones de clara desventaja, no tienen ninguna garantía concreta ni están incluidos en un verdadero plan social?

Por otro lado, ¿Cómo se corrobora que Ciudad Paraíso se consolidará como un centro incluyente? si como argumenta Alice Beuf para el caso de Bogotá (del cual todas las ciudades siguen el modelo de actuación político-privado) “no se trata de justicia distributiva en el sentido estricto ya que las zonas urbanas son teóricamente apropiadas libremente por los ciudadanos, especialmente las áreas de centralidad frecuentadas por poblaciones de perfiles sociales muy variados” (BEUF: 2010). El elemento paralelo a la inclusión en la capital del país es la equidad. Y en este caso la inclusión opera estratégicamente como un comodín para legitimar el proyecto bajo la idea de un beneficio colectivo, aunque no se establezca de qué forma lo va a lograr, ni teniendo en cuenta la situación futura de gran cantidad de personas que tienen que ser removidas de aquel espacio. Si bien es cierto que la construcción de una Sede de la Fiscalía se plantea como un fortalecimiento de la parte judicial, no sabemos por ejemplo cómo va a ser incluida la población considerada en situación de vulnerabilidad.

Además, el peso de la inclusión inclina la balanza hacia quienes tienen la capacidad de invertir en el proyecto, tanto así que las publicaciones de prensa privilegian la información sobre las exenciones tributarias para los inversionistas. Y no hay que olvidar que la financiación de la renovación se da a partir de la gestión-público privada. Pero ¿cómo se puede dejar en manos de privados la gestión social del proyecto si implica grandes sumas de inversión y que no genera ganancias?

Mi interés es analizar las bases de legitimación de un proyecto que todavía no ha terminado y que a duras penas está arrancando, por ende no puedo establecer las formas, argumentos o indicadores con que se medirá su beneficio social. Pero considero pertinente cuestionar aquello que se promueve idílicamente como algo imprescindible para la modernización del centro, porque excluye aquello que dice integrar.